AC7448-2016

Radicado n° 11001-0203-000-2016-02938-00


       Bogotá DC, primero (1º) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).



Resuelve el Despacho el recurso de queja interpuesto por los demandados con relación al auto de 16 de junio del año en curso, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante el cual dispuso no conceder el recurso extraordinario de casación formulado frente a la sentencia de segundo grado de 19 de mayo de 2016, proferida dentro del proceso ordinario reivindicatorio promovido por Luz Mary Ávila Aguilar y Óscar Rolando Villarreal Neira contra Carlos Augusto Mantilla, Trino Miguel Carrillo, José Joaquín Díaz, Rosendo García, Gerardo Quiñonez y Flor Amelia Jaimes.


ANTECEDENTES


1.  Los accionantes solicitaron reconocer que son los dueños de un inmueble ubicado en la calle 31 n° 7-50 del barrio Girardot de Bucaramanga y en consecuencia, decretar la restitución del mismo a su favor, condenando a los convocados a pagar los respectivos frutos civiles.


2.  En la sentencia de primera instancia, se declaró probada la excepción de inexistencia de la causa invocada por los actores y por consiguiente, se denegaron las pretensiones por ellos planteadas, condenándolos al pago de las costas procesales.


3.  Apelada tal decisión por la parte vencida, el Tribunal mediante fallo de 19 de mayo de 2016, dispuso su  revocatoria y accedió a lo pedido por los promotores del juicio reivindicatorio, en cuanto a reconocer que eran titulares del derecho de dominio, ordenar a los demandados restituirles el inmueble y condenar a estos al pago de los frutos civiles por $122’544.360, previendo su actualización hasta cuando se realice la entrega del predio, aunque se dispuso descontar de dicha cantidad, la suma de $6’961.419 por mejoras reconocidas a los poseedores.


4.  Los perdedores interpusieron recurso de casación, el cual se denegó porque no se cumplía el requisito de la cuantía del interés para recurrir, fijado en un mil salarios mínimos legales mensuales ($689’454.000), ya que el precio del predio establecido en la prueba pericial incorporada al plenario, más el valor de los frutos civiles, solo alcanzaba a $477’544.360.


5.  Al resolver el recurso de reposición contra la citada providencia, se ratificó lo que se había dicho, no habiéndose tomado en cuenta el dictamen allegado al interponer la reposición, por extemporáneo; aunque se indicó, que de llegar a apreciar tal prueba, el interés económico respecto de cada uno de los afectados con el fallo, solo ascendía a $120’424.060, que es el resultado de dividir por el número de demandados la cantidad $722’544.360, que corresponde al avalúo del inmueble más los frutos civiles. 


6.  Se concedió traslado de la impugnación  promovida ante esta Corporación, para los efectos previstos en el penúltimo inciso del artículo 353 del Código General del Proceso, sin que la parte contraria hiciera pronunciamiento alguno.


CONSIDERACIONES


1.  El recurso de queja, al tenor del artículo 352 del Código General del Proceso, tiene por finalidad la revisión por el superior funcional de la providencia denegatoria de la apelación o de la casación, por lo que la sustentación se debe orientar a demostrar la concurrencia de los requisitos legales requeridos para el otorgamiento de los mismos.


2.  En el caso del recurso de casación, dichos presupuestos de acuerdo con los artículos 334, 337, y 338 del citado ordenamiento procesal, se concretan, a que (i) la sentencia impugnada corresponda a alguna de las expresamente relacionadas por el legislador como susceptibles de ese medio de impugnación extraordinario; (ii) así mismo, que su interposición se haya producido dentro de los cinco días siguientes a la notificación de aquella; (iii) igualmente, que el recurrente haya sido afectado en sus intereses patrimoniales con la decisión de segundo grado y (iv) en el evento de que las pretensiones sean exclusivamente económicas, la cuantía de la resolución desfavorable ha de ser superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.


3.  Con relación al requisito de la cuantía del interés para recurrir, el artículo 339 del Código General del Proceso, prevé, que «[c]uando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión».


4.  De acuerdo con la citada disposición legal, surgen dos opciones a efectos de justipreciar el interés para recurrir en casación, la una, relacionada con la facultad del magistrado ponente de verificar la cuantía a partir de los medios de convicción incorporados al proceso y la otra, determinada por  la prerrogativa concedida al recurrente, en cuanto si lo estima necesario, allegue un dictamen sobre dicha materia, que en principio se entiende ha de aportarse con el escrito de formulación del recurso de casación.


5.  En cuanto a la aludida peritación, se hace necesario indicar, que deberá ajustarse a las formalidades de los tres últimos incisos del artículo 226 del Código General del Proceso, y cabría la posibilidad que en el evento de resultar insuficiente el término para aportarla, por ejemplo, dada la complejidad de la misma, se de aplicación en lo pertinente al precepto 227 ídem, toda vez que de esa manera se fortalece la garantía procesal de acceder a la impugnación extraordinaria y por consiguiente, dada la garantía de justicia que comporta, se realice de acuerdo con el artículo 333 del mismo ordenamiento, el respectivo control de legalidad de la decisión y procurar la reparación de los agravios irrogados con el fallo recurrido.


6.  Como el recurrente no aportó el dictamen pericial y tampoco anunció la posibilidad de incorporarlo en un plazo adicional, conforme lo anteriormente referido, el Tribunal quedó autorizado para cumplir su labor de fijar la cuantía del interés económico afectado con la sentencia, con base en los elementos de juicio obrantes en el proceso.


7.  Ahora, dado el señalamiento del juzgador de segundo grado en el auto mediante el que se resolvió el recurso de reposición, en cuanto a que la cuantía del interés para recurrir en casación habría que fijarla de manera separada o individualmente para cada uno de los accionados, es preciso referir, que no resulta acertado ese criterio, porque al tener ellos la posesión del inmueble en comunidad, su interés económico es proindiviso, esto es, en comunidad o sin dividir, por lo que ha de tomarse en cuenta el avalúo de la totalidad del predio.


       Acerca de fenómeno de la posesión en comunidad, esta Corporación en sentencia CSJ SC, 29 oct. 2001, rad. n° 5800, en lo pertinente expuso:


[…], la posesión material como situación de hecho que es, puede ser ejercida u ostentada por una o varias personas, pues nada obsta para que los elementos que la caracterizan sean expresión voluntaria de una pluralidad de sujetos, dos o más, quienes concurriendo en la intención realizan actos materiales de aquellos a los que sólo da derecho el dominio, como los enunciados por el artículo 981 del Código Civil.


De manera que la comunidad también puede tener manifestación cabal en el hecho de la posesión, dando lugar al fenómeno de la coposesión, caso en el cual lo natural es que la posesión se ejerza bien por todos los comuneros, o por un administrador en nombre de todos, pero en todo caso, de modo compartido y no exclusivo, por estar frente a una ‘posesión de comunero’. Desde luego, como con claridad lo ha advertido la jurisprudencia, que tratándose de la ‘posesión de comunero’ su utilidad es ‘pro indiviso’,  es decir, para la misma comunidad, porque para admitir la mutación de una ‘posesión de comunero’ por la de ‘poseedor exclusivo’, es necesario que el comunero ejerza una posesión personal, autónoma o independiente, y por ende excluyente de la comunidad1.

       8.  No obstante lo anterior, se determina que la decisión denegatoria del recurso de casación, se encuentra ajustada a derecho, porque el Tribunal se apoyó en una de las reglas previstas para la fijación de la cuantía del interés para recurrir y la parte que formuló dicho medio de impugnación extraordinario no hizo uso oportuno de la facultad de presentar prueba pericial con esa finalidad.  


9.  A pesar de la improsperidad de lo pretendido por los demandados con este trámite, en razón a que la parte actora no desplegó ninguna actuación, al tenor del numeral 8º del artículo 365 del Código General del Proceso, se les exonerará a aquellos del pago de las costas procesales, ya que no se causaron.


DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,


RESUELVE:


Primero.- Declarar bien denegado el recurso de casación formulado por los accionados Carlos Augusto Mantilla, Trino Miguel Carrillo, José Joaquín Díaz, Rosendo García, Gerardo Quiñonez y Flor Amelia Jaimes, frente a la sentencia de 19 de mayo de 2016 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario reivindicatorio promovido por Luz Mary Ávila Aguilar y Óscar Rolando Villarreal Neira.

       Segundo.- No imponer a los recurrentes en queja condena en costas.


Tercero.- Devolver la presente actuación a la corporación judicial de origen.


Notifíquese




LUIS ALONSO RICO PUERTA

     Magistrado


1 Se subrayó.